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El Ministerio de Justicia y Paz - Registro Nacional

Informa:

 

San José a los 14 días del mes de enero del dos mil diecinueve.

 

Se somete a conocimiento de las instituciones y público en general el siguiente proyecto de normativa: "Reforma al Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N°7978 del 6 de enero del 2000, Decreto Ejecutivo N°33743-J-COMEX".

 

Para lo cual se otorga un plazo de 10 días hábiles, de conformidad con el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, contados a partir del día siguiente hábil de este aviso, para presentar únicamente a través del Sistema de Control Previo (SICOPRE), link:http://www.tramitescr.meic.go.cr/controlPrevio/BuscarFormulario.aspx Apartado de Consulta Pública; las observaciones y comentarios con la respectiva justificación técnica o legal.

 

La versión digital de este proyecto de normativa se encuentra disponible en el Sistema de Control Previo (SICOPRE).

 

Registro Nacional garantiza que datos del país están protegidos y desmiente que detener construcción de Centro de Datos los ponga en riesgo

La Junta Administrativa del Registro Nacional garantiza a los costarricenses que los datos que están bajo su custodia son seguros y rechaza categóricamente el campo pagado publicado por la empresa Grupo Electrónica, en el cual afirmó que la decisión de detener la construcción de un Centro de Datos pondrá en riesgo la protección con la que cuentan en la actualidad.

La Junta Administrativa enfatiza que la decisión de detener la construcción de un Centro de Procesamiento de Datos se tomó de manera responsable y no afectará los altos estándares de protección para la información que resguarda.

Es falso que se esté tomando de manera precipitada la opción de tercerizar. El proceso de inscripción y resguardo de los datos se lleva a cabo en las bases de datos con que cuenta el Registro en su centro de cómputo y desde hace cinco años, la misma se replica en un Centro de Procesamiento de Datos Alterno, con el cual existe una diferencia de tan solo cinco minutos. En estos procesos intervienen en forma única y exclusiva, los funcionarios del Registro Nacional, pues no existe ningún otro acceso a terceros que vulnere la información resguarda, ello no sucede ahora, ni ha sucedido nunca.

También es importante aclarar que es falso que en años pasados el Registro sufrió accesos indebidos en su base de datos y que se alteraron documentos patrimoniales. Se trata de aseveraciones sin ningún respaldo.

Asimismo, es inexacto sugerir que la decisión de la Junta ignoró señalamientos de la Contraloría General de la República. La Junta Administrativa analizó los requerimientos realizados por el ente fiscalizador en su oficio DFOE-GO-7-2006, y concluyó que lo solicitado en su momento ya había sido subsanado y que no era parte de los requerimientos definidos edificar un Centro de Procesamiento de Datos Principal, cuya inversión económica serían $22 millones.

En las actuales condiciones fiscales del país, la Junta consideró que no existe justificación alguna para una inversión que no es necesaria. Como ya se indicó, el Registro Nacional cuenta actualmente con la seguridad requerida para sus datos, y con un sistema de respaldo.

La decisión de descartar la construcción de este Centro de Datos no es una acción "precipitada". Todo lo contrario, se trata de un ejercicio de responsabilidad y de procurar la mejor utilización de los recursos de los costarricenses y del Registro Nacional.

Por todo esto, el Registro Nacional desmiente de manera enérgica y categórica el campo pagado publicado por Grupo Electrotécnica, empresa que forma parte de un Consorcio que resultó beneficiado con el contrato que se rescindió, y que contiene información inexacta, sin sustento y temeraria.

 

 

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